Ojo de Gato: diálogo tardío

Guillermo Manzano

Septiembre de 2013 será recordado por las movilizaciones magisteriales. Desde su primer día, docentes de diversos niveles educativos han protestado por las reformas a los Artículos 3 y 73 Constitucional y sus leyes secundarias.

    El Gobierno de Veracruz jamás calculó el malestar social que generarían las reformas. Miopes y arrogantes creyeron que todo estaba bajo control. La realidad de nuevo los desbordó.

    El 5 de septiembre, la vocera gubernamental remitió una carta dirigida al Congreso del Estado, al Magisterio y a la Opinión Pública. En ella se pide  “su disposición para recibir, analizar y valorar todas las ideas, propuestas y aportaciones que tengan legítimo interés en el propósito común de elevar la calidad de la educación pública”.

    Ese mismo día, en el comunicado 4440 de la Coordinación de Comunicación Social se consigna la respuesta del Congreso Veracruzano: “La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante la solicitud del Gobierno que encabeza el Dr. Javier Duarte de Ochoa, expresa la disposición de la Representación Popular, como espacio plural y democrático, de escuchar las diversas opiniones del magisterio veracruzano para que, en el marco del fortalecimiento del sistema educativo, se salvaguarden los inalienables derechos de los trabajadores, por lo que le manifiesta a éstos su voluntad de recibirles en la fecha y en la forma en que así lo determinen’.

Foto: Guillermo Manzano

    La misiva es firmada por los diputados Flavino Ríos Alvarado, coordinador legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Danilo Alvízar Guerrero, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN); Gustavo Moreno Ramos, coordinador de la fracción del partido Nueva Alianza, y Rogelio Franco Castán, coordinador del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Movimiento Democrático.”

    Así quedó consignado el cinismo y la carencia de moral del gobernador y los diputados locales. Debe recordarse que ellos cancelaron todo diálogo desde el pasado 7 de enero del presente año. Ese día, en Veracruz, fue aprobado el Decreto número 809 ‘que aprueba en sus términos la minuta del Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Educación’.

    ¿Por qué no convocaron a un diálogo y a escuchar las propuestas del magisterio antes de respaldar las reformas constitucionales propuestas por Enrique Peña?

    Las protestas del magisterio veracruzano y nacional son por la defensa de la EDUCACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO. Todo los que se dice en torno a las movilizaciones por parte de medios oficiosos y amanuenses, son basura que trata de ocultar la realidad.

    Por ejemplo, el Artículo 5 transitorio del Artículo 73 Constitucional en su Fracción Tercera dice:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta;

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales. (Los subrayados son míos).

No hace falta ser un hermenéutico calificado para que, pese a los eufemismos con los que se quiere ‘decorar’ el texto, darse cuenta que se establece en forma clara y precisa que el Estado se deslinda de su responsabilidad de otorgar EDUCACIÓN GRATUITA a las niñas, niños y juventud mexicana. Esto es lo que defendemos en las plazas públicas, no otra cosa.

    Entonces los padres y maestros se deben hacer cargo de la compra de materiales educativos y resolver todo lo relacionado con el mantenimiento de los edificios y servicios operativos, pero el Estado ‘en forma paulatina y cuando haya suficiencia presupuestal’ asumirá sus compromisos. ¿Acaso no es una burla? ¿De quién o quiénes serán esas ‘microempresas locales’ donde se compren los suministros para las escuelas de tiempo completo?

Foto: Guillermo Manzano

Llamar ahora al diálogo es fútil. A menos que sea para que el Gobierno de Veracruz solicite la abrogación de lo que el Congreso aprobó. No puede haber otro tema sobre la mesa y quien o quienes lo pongan, son los que están al servicio del poder y en contra del futuro educativo de millones de mexicanas y mexicanos.