Ojo de Gato: a propósito del voto nulo*

Guillermo Manzano

El actual proceso electoral se caracteriza por dos aspectos; uno formal y otro informal. El primero: enmarcado en las leyes y códigos. El segundo, por una discusión colectiva en diversos y disímbolos ámbitos sociales: anular el voto.

El agotamiento del sistema político mexicano (instaurado por los grupos dominantes de la Revolución Mexicana), entró en crisis en 1976. Ese año, tras varias elecciones de simulación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único que postuló candidato a la Presidencia de la República: José López Portillo. Pese a ser el único aspirante, López Portillo hizo una campaña de derroche económico, como si tuviese contrincantes que le disputasen el poder.

Esto obligó a una reforma electoral impulsada por el entonces secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles. El contexto social y político obligaba al Estado a buscar ‘válvulas de escape’ para una sociedad cada vez más politizada y con grupos cada vez más radicales. Las inconformidades se habían sumado en los últimos lustros mediante movilizaciones populares y gremiales. Los   ferrocarrileros en 1958, los médicos en 1966  y los diversos movimientos estudiantiles en varios estados del país que culminan con la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. Posteriormente, en la misma Ciudad de México se gesta otra represión contra grupos estudiantiles el 10 de junio de 1971.

Paralelo a estas movilizaciones populares, se gestaron diversos movimiento armados, mediante tácticas de ‘guerra de guerrillas’, influenciados, entre otras causas, por el triunfo de la Revolución Cubana en 1958.  De éstos, destacan los grupos guerrilleros comandados por Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, el Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y, la Liga Comunista 23 de Septiembre, nombre tomado por la fecha del asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, años atrás.

La sociedad mexicana exigía cambios en la conducción política del país. Esto lo entendió  Reyes Heroles, quién fue el principal promotor para la reforma Constitucional y electoral de 1977. Entre los aspectos fundamentales de la citada reforma destacan: reconocer a los partidos políticos como entidades de interés público, reconocimiento al derecho de las minorías, que permitió la existencia de los diputados de representación proporcional, la obligación del Estado Mexicano de otorgar todos los elementos (materiales y económicos) para que los partidos hagan proselitismo entre los ciudadanos mexicanos y el reconocimiento legal al Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919 y que, por años, fue proscrito de la vida institucional del país. Esta reforma fue complementada con una Ley de Amnistía a los presos políticos que se encontraban en las diversas cárceles mexicanas.

La siguiente década se caracterizo, en lo político electoral, por una pluralidad ideológica en los partidos políticos. Cualquier observador extranjero se maravillaba de las libertades que existían en el país. En 1982, contendieron las diversas expresiones de la izquierda – por lo menos así lo establecían en sus documentos básicos- (PSUM, PRT, PST, PPS) y, de la derecha, (PAN y PDM) con el partido del gobierno (PRI) en las elecciones presidenciales.

Seis años más tarde, el sistema político mexicano volvió a entrar en crisis. Esta vez abonada por una situación económica insoportable para los sectores productivos y la población en general: inflación, desempleo, salarios bajos, etcétera.

El triunfo del candidato priista, Carlos Salinas de Gortari sigue, en el colectivo social, como producto de un fraude. La falta de legitimidad con la que asume la presidencia Salinas de Gortari, lo obliga (al igual que a José López Portillo) a impulsar una reforma electoral. Misma que se concreta en 1990 y que da vida al Instituto Federal Electoral (IFE) un año después.

El IFE se estrena en las elecciones intermedias de 1991. Todavía el órgano electoral era presidido por el Secretario de Gobernación. En 1994, en la sucesión presidencial y en un contexto político social enrarecido por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los asesinatos del candidato priista Luis Donaldo Colosio y el secretario general del CEN del mismo partido José Francisco Ruiz; el IFE juega un papel preponderante. Ernesto Zedillo (candidato emergente del PRI) obtiene el triunfo sin mayores cuestionamientos. Sin embargo, la intromisión (por lo menos formal) del gobierno en el órgano electoral, debía de suprimirse.

En 1997, tras el clima enrarecido que prevaleció en la elección anterior, se concreta otra reforma electoral que permite la plena autonomía y ciudadanización del Consejo General del IFE. Los acuerdos emanados en el interior del Congreso de la Unión, permiten que, un ex militante de la izquierda mexicana, presida esta nueva etapa del instituto. Me refiero a José Wondelberg.

Con este marco electoral, el país transitó a la alternancia en el poder de un partido distinto al PRI en el año 2000. Los mexicanos habían apostado por cambios institucionales y en paz. Tal parecía que la panacea democrática se había logrado. Sin embargo, seis años después, la realidad nos alcanzó.

  Con una mayor participación ciudadana, el proceso electoral de 2006 se caracterizó por la polarización y enfrentamiento político, principalmente entre los candidatos del PAN y de la coalición de centro-izquierda.  De nueva cuenta, los resultados electorales fueron cuestionados. El actuar del IFE se puso en tela de juicio y se perdió la credibilidad del instituto que, seis años antes, había ganado.

Urgían marcos nuevos y novedosos para evitar mayores conflictos. Los políticos y sus partidos, entraron en una serie de negociaciones. El candidato presidencial que quedó en segundo lugar y sus seguidores, no reconocían la legitimidad del nuevo gobierno. El país vivía de nuevo una crisis política.

Foto tomada de internet

En 2008 se anunció con bombo y platillo la nueva reforma constitucional en materia electoral. Entre los beneficios que destacaba los políticos de esta reforma figuran: campañas más cortas, reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, mayores mecanismos de fiscalización, el IFE controlaría los espacios propagandísticos en medios de comunicación electrónicos de los partidos, fortalecimiento a la autonomía del instituto, entre otros.

Lo que no dijeron fue que, los partidos políticos se quedaban con el monopolio de decisión para designar candidatos. Es decir, sólo mediante los partidos políticos nacionales se podía acceder  al poder político mediante la representación popular. De un plumazo, le quitaban a los mexicanos su prerrogativa establecida en el Artículo 35 constitucional de poder ser votado. Nos permitían elegir, pero no decidir. Con esto se cancelaba toda posibilidad de fortalecer la vida democrática de una nación, propiciando una partidocracia, que no es lo mismo que un sistema de partidos.

Esta situación, es una de las múltiples causas que ha motivado a muchos ciudadanos a decidirse anular el voto. Los votos nulos no son nuevos, aunque como posible fenómeno  social sí lo es.

Lo cierto es que ha provocado el encono de muchos profesionales de la política que, sin mayor reflexión, descalifican a los promotores del voto nulo. Otros, por el contrario, ya hablan de revisar el marco legal electoral para hacer las adecuaciones necesarias.

En las elecciones federales de 1997, 2000, 2003 y 2006, el promedio de votos anulados fue 2.76 por ciento (según estadísticas del IFE) cifra superior al porcentaje requerido por la ley para que un partido obtenga su registro. Fue en la elección intermedia de 2003, cuando el fenómeno del voto nulo empieza a llamar la atención al tener un total de 899 mil 277 sufragios, es decir, el 3.36 por ciento. En 2009, algunos académicos e intelectuales de la Ciudad de México llamaron a anular el voto. Ese año, el total de votos nulos fue de un millón 867 mil 729. Tres años después, en la elección presidencial los votos anulados alcanzaron la cifra de un millón 867 mil 729.

Es cierto que al anular el voto no se tendrá una repercusión legal y, por nuestro sistema electoral mixto de mayoría relativa y representación proporcional, de todos modos los partidos (que mantengan su registro, es decir, 2 por ciento de la votación)  tendrán sus diputados y prerrogativas. Pero lo que vivimos hoy, es la primera manifestación de protesta pacífica de México en el Siglo XXI. En otras palabras, anular el voto es una estrategia de resistencia civil ante el avasallamiento de nuestros derechos por unos cuantos.

Una cosa es cierta, la  mayoría de los mexicanos no queremos volver a vivir ningún tipo de violencia armada. Si los votos anulados alcanzan un porcentaje significativo, la próxima cámara de diputados federal, en su conjunto, carecerán de legitimidad y en contexto globalizado, esto no es conveniente para los intereses gubernamentales en el país y el extranjero. Lo legal no siempre es moral y mucho menos ético. Eso lo tendrán que aprender los políticos y todos aquellos que en el futuro aspiren a una representación popular.

*Este trabajo se escribió en 2009 con motivo del proceso electoral de ese año. Se actualizaron las cifras de los comicios de 2009 y 20012. El resto del texto quedó tal cual.