La descomposición: ¿Cómo se perdió el control de Veracruz? ¿Rompió Duarte pacto con Los Zetas?
(Tomado de Sin Embargo)
Por José
Gil Olmos
La tarde
del 14 de agosto de 2011 los equipos Águila de Veracruz y Tigres de Quintana
Roo se disputaban la final de la liga mexicana de beisbol de la zona sur en el
puerto jarocho. El gobernador anfitrión, Javier Duarte, disfrutaba el juego, e
incluso propuso a su homólogo caribeño Roberto Borge hacer una apuesta.
En eso
estaba Duarte cuando en el bulevar Manuel Ávila Camacho, cercano al estadio de
beisbol, unos sicarios lanzaron desde un auto una granada contra el acuario y
huyeron, perdiéndose entre las calles de la vieja ciudad colonial, convertida
en una de las plazas que se disputan Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Al
recibir la noticia, Duarte dejó de celebrar las jugadas. Abandonó el estadio,
pero a esa hora ya los cuerpos malheridos de la señora Magdalena Bonilla y sus
dos hijos, de seis y cinco años, respectivamente, estaban tendidos en el
malecón.
El 2011
fue un año violento para Veracruz. El 14 de enero, cuando sólo tenía un mes al
frente del gobierno, Duarte se vio inmerso en una ola de violencia que no ha
sabido controlar. Ese día, sicarios de las referidas bandas criminales se
enfrentaron entre sí y con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) en varios lugares de Xalapa.
El
resultado: 12 sicarios y dos militares muertos. Las refriegas causaron sicosis
en la ciudad, lo que obligó a sus habitantes a encerrarse en sus casas; las
escuelas optaron por suspender clases, y gran parte de los negocios cerraron
durante varios días.
A partir
de entonces se iniciaron las ejecuciones, secuestros, desapariciones, amenazas
a medios de comunicación y los asesinatos a reporteros.
Después
del ataque con granada del 14 agosto el mandatario veracruzano visitó a la
familia Bonilla e intentó justificarse: “No es que la inseguridad haya
aumentado. Lo que ha aumentado y seguirá aumentando son los operativos y el
combate frontal a los delincuentes. No es que éstos hayan llegado, ya estaban.
La diferencia es que ahora se les combate con toda la fuerza que nos da el
imperio de la ley”.
Los
hechos lo desmintieron. Entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2011hubo
100 ejecuciones violentas, pese a que las autoridades estatales intentaron
ocultarlas, entre ellas las de los 35 presuntos sicarios cuyos cuerpos
abandonaron los matazetas en una camioneta en Boca del Río la víspera
del encuentro nacional de procuradores del 20 de septiembre en ese municipio
veracruzano.
El
gobierno de Duarte también intentó ocultar las 14 muertes ocurridas al día
siguiente en distintas partes del puerto de Veracruz, así como otros 32
crímenes en territorio porteño, en Xalapa y en Coatzacoalcos.
La
violencia también tocó al equipo del gobernador. El 11 de septiembre, a las
18:30 en un restaurante de Boca del Río, municipio convertido por las bandas
criminales en la principal plaza de pelea, un grupo de hombres armados
ejecutaron al comandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI),
Othón Guerra Sanoja, y a su hermano.
Y una
semana después, el contingente de la caravana del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad que lidera el poeta Javier Sicilia fue amagado por un grupo
armado en las afueras de Coatzacoalcos. Hasta entonces, en ningún estado, ni
siquiera en los del norte del país, que son los más peligrosos, la caravana
había enfrentado un incidente tan grave como el de Veracruz. El 19 de
septiembre, la marcha de organizaciones civiles en Xalapa fue la más
concurrida, pues congregó a más de 15 mil personas que salieron a las calles a exigir
paz y tranquilidad.
El día 22
de ese mismo mes el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones criticó a su
correligionario Duarte por ocultar el número de muertos en Veracruz e intentar
minimizar la situación, sobre todo el de los 35 cuerpos abandonados en Boca del
Río, al decir que eran criminales cuando apenas se iniciaban las
investigaciones.
LA
CRÍTICA DE CALDERÓN
Las
críticas contra Duarte arreciaron al mes siguiente, cuando el 14 de octubre el
presidente Felipe Calderón aludió a la creciente ola criminal en Veracruz
durante el encuentro con los integrantes del Movimiento de Paz con Justicia y
Dignidad en el castillo de Chapultepec:
“Sí
–dijo–, es un tema de apoderamiento de los criminales. Veracruz, que yo creo
que se dejó en manos de Los Zetas… No sé si involuntariamente o probablemente,
quiero suponer, ¿no?…
“Los
reportes que tenemos de seguridad pública –lo recordarán otros compañeros de la
sociedad civil– nos decían que en Veracruz reportaban cero secuestros. Y hace
poco oí al exgobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo pagó el rescate de
como 16 personas. Muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos
que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que
las desaparecían”.
Y
concluyó: “Ahora estamos viendo el problema de Veracruz, en el cual este pleito
entre zetas y (sicarios de los cárteles del) Golfo y Pacífico está convirtiendo
a la ciudad en una plaza encarnizadamente disputada, como lo es el caso de
Guerrero”.
Por esas
fechas marinos, soldados y policías federales se habían desplazado a Veracruz
como parte del operativo conjunto Veracruz Seguro. El gobernador Duarte tuvo
incluso que sacrificar a su procurador Reynaldo Escobar para atemperar los
ánimos de los veracruzanos que reclamaban resultados.
Asimismo,
Duarte intentó coartar a los medios para minimizar lo que ocurría en Veracruz.
En sus excesos, ninguneó los asesinatos de cuatro reporteros en 2011, el
atentado con bomba al diario El Buen Tono de Córdoba en noviembre último
y acusó de terroristas a varios tuiteros que difundían la información
que los medios ocultaban e incluso los envió a la cárcel.
“Mucho se
ha dicho acerca de la opacidad o del ocultamiento de información por parte
nuestra. Realmente esa es una tontería porque, primero que nada, cómo vamos a
ocultar información si estamos actuando dos gobiernos conjuntamente: el federal
y el del estado”, declaró el mismo día que destituyó a Escobar.
Apenas
hubo unos días de tregua. En noviembre eran 150 las muertes ocurridas en los
tres meses recientes y, de acuerdo con los reportes militares, se habían
registrado 53 enfrentamientos entre tropas de la Sedena y delincuentes en 22
municipios de Veracruz.
Semanas
más tarde, en plena Navidad las autoridades localizaron en la comunidad de El
Higo, al norte del estado, 10 cuerpos decapitados y con señales de tortura. Un
día antes, en esa misma zona, un comando atacó tres autobuses; sus integrantes
dieron muerte a siete pasajeros, y horas después a otros cuatro en ese ejido
azucarero.
Ya en
2012, la violencia envolvió al gremio periodístico. En una sola semana fueron
asesinaron cuatro reporteros: Regina Martínez Pérez, corresponsal de este
semanario en Veracruz, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de abril último en su
domicilio. Tenía huellas de tortura y de estrangulamiento. A ella le siguieron,
el jueves 3, los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban
Rodríguez; todos desmembrados.
LA CRISIS
Javier
Duarte, de 39 años y amigo del candidato presidencial priista Enrique Peña
Nieto, tenía una semana en el cargo cuando decidió tomarse unas vacaciones.
Pero en lugar de elegir alguno de los atractivos turísticos de Veracruz, tomó
un avión y se fue a Nueva York a distraerse un poco por las avenidas de la gran
manzana.
Con una
deuda estimada en 40 mil millones de pesos, un aparato de seguridad y de
justicia deplorable –“la herencia maldita” que le dejó su antecesor Fidel
Herrera, además de imponerle a su gente en puestos clave de gobierno–, Duarte
arrancó su gestión en medio de una crisis severa, pero sobre todo entrampado
por la violencia del narco…
“Se
entiende que hubo un pacto entre varios o muchos de estos grupos con el
gobierno anterior y todo indica que el actual tuvo que romper estos pactos, no
honrarlos, porque dependía para su sobrevivencia del apoyo del gobierno
federal, sobre todo en lo económico”, comenta a Proceso Alberto
J. Olvera, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana desde 1981 y fundador de la dirección nacional de la
Alianza Cívica.
“En parte
–añade– algunos analistas locales asumen que ésta es la razón por la cual
comenzó a confrontarse con Los Zetas, con lo que se rompieron las reglas que
prevalecieron hasta el gobierno de Fidel Herrera”.
Olvera,
que también es consultor de la Secretaría de Gobernación y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas relacionados con la sociedad
civil, enumera tres elementos para definir la gestión del sucesor de Fidel
Herrera Beltrán:
Dice que
Duarte llegó al gobierno del estado en medio de una de las peores crisis
fiscales de su historia, mientras que en lo político llegó comprometido con
diversos grupos políticos priistas. Como tercer elemento, advierte, heredó de
su antecesor Herrera Beltrán una expansión de los negocios del crimen
organizado tanto en la modalidad de trata de personas, sobre todo de migrantes
centroamericanos, que se convirtió en una industria.
“Lo
cierto es que el crimen organizado estableció cabezas de playa virtualmente en
toda la geografía veracruzana. El modelo de negocios del crimen organizado de
Veracruz parece ser bastante descentralizado, una especie de sistema de
franquicias; es decir, un modelo descentralizado que opera con una serie de
pactos locales, lo cual hace más complejo el análisis y la operación.
“Esto
explica cómo estos grupos locales del crimen organizado recurren a una serie de
negocios para su sobrevivencia y sobrellevar los ciclos de altas y bajas en los
negocios principales”, sostiene el académico.
Para el
investigador Javier Oliva, responsable del diplomado en seguridad nacional de
la UNAM, es evidente que al llegar Duarte al gobierno de Veracruz hubo un
reacomodo entre dos o tres bandas del crimen organizado que se disputan un
mercado redituable:
“Es usual
que el cambio de autoridades genere reacomodos, lo cual no significa que las
nuevas autoridades estén coludidas. No, simplemente hay un recambio y se dan
enfrentamientos como los que estamos viendo en Veracruz. Cuando hay un
asentamiento notable del crimen organizado, cuando se dan estos cambios,
también se modifican las reglas del juego”.
Su colega
Alberto J. Olvera matiza por separado: esta crisis de seguridad y procuración
de justicia en Veracruz no alcanza los niveles de ingobernabilidad; ésta se
resuelve cuando se atienden los focos de conflicto de las clases privilegiadas
priistas mediante negociaciones ad hoc.
“El
problema es más bien una crisis de relación con el bajo mundo de los negocios
que ha extendido el crimen organizado. No sabemos a ciencia cierta cuál es su
grado de penetración en las economías regionales, pero sin duda hay una
penetración muy fuerte derivada de su expansión en años anteriores. De manera
que el tema de cómo se controla esta expansión es lo que ahora está en
cuestión”, señala Olvera.
Advierte
que la crisis de seguridad se expresa en la debilidad de los aparatos e
instituciones de justicia del gobierno veracruzano. La policía estatal y el
cuerpo de ministerios públicos son pequeños; este último es nueve veces menor
al del Distrito Federal y, para colmo, está en un proceso de renovación y de
modernización que sólo lleva 30% del total.
“Es muy
débil –dice el entrevistado–. No tiene capacidad para cubrir todo el territorio
ni puede atender todas las emergencias. Las policías municipales tampoco se han
reformado, de manera que tenemos una enorme debilidad en la fuerza pública
policiaca propensa a ser infiltrada por la delincuencia”.
Según
Olvera, entre los veracruzanos hay un sentimiento de inseguridad que alcanzó su
clímax en agosto y septiembre de 2011. Y aunque después del operativo Veracruz
Seguro la población recuperó cierta confianza, la incertidumbre permanece.
Y remata:
Es difícil saber si la “relativa paz” que se venía teniendo es sostenible o no;
nadie lo sabe. Hoy, dice, con “los secuestros, que han pegado muy duro en
ciudades medianas y pequeñas de Veracruz, la vida cotidiana es más bien de
incertidumbre. No se sabe cuánto tiempo durará la paz”.
–Proceso
Comentarios
Publicar un comentario