“Es inútil, señor gobernador, no le creemos”: CRÓNICA del encuentro entre Julio Scherer y Javier Duarte
(Tomado de Sin Embargo)
Por Jorge
Carrasco Araizaga
Ante la
tragedia, el derroche, la ostentación del poder. La retórica por delante del
gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Helicópteros
de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell
en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de juntas en el
hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso.
Hacia el
mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta ciudad el
ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con el peso del
aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En la mesa de la sala
de recepción, desplegada en forma ostensible, la reciente edición especial de Proceso
dedicada a Los Zetas.
Ese día,
a la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas
vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y justicia
encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Estaba también un
fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que “denuncias contra
periodistas y/o comunicadores”.
Duarte
los sentó a su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador
de Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez
Castañeda, el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este
reportero.
Erguido,
cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera blanca, el gobernador comenzó a
“lamentar el doloroso asesinato” de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de
la revista en Veracruz, muerta por estrangulamiento la madrugada del día
anterior.
Consabidas
las frases: “Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas
consecuencias”, “destacada periodista”, “prestigiado medio que usted dirige”…
Sólo dio
una información: la solicitud que hizo a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para
que junto con Proceso coadyuvaran en la investigación. Una “comisión
interinstitucional” la llama, y promete transparencia.
Luego
pide a sus funcionarios convocados que enlisten sus actuaciones desde que se
conoció el asesinato, la tarde del sábado 28 de abril. Después de las
explicaciones técnicas, Duarte vuelve a hablar.
Lo
interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice, son “retórica ritual”. “Lo que
usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la
superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió
el asesinato de nuestra reportera”.
Un
silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del
gobernador.
Continúa
el también presidente del Consejo de Administración de la revista:
“La
muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del
país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en
suma, señor gobernador, no les creemos”.
Por
segundos nadie habló.
Ante el
silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les dijo que
en Veracruz ha existido un “ambiente de hostilidad” hacia la revista. Le
mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando contienen información
sobre seguridad en el estado. La más reciente, apenas el 8 de abril pasado,
cuando se publicó información sobre dos de los candidatos a diputados federales
por el PRI bajo el título “Dos regresos peligrosos” (Proceso 1849).
Duarte
siguió sin decir nada. En el silencio quedó implícita también la incautación de
los ejemplares de la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta
del violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su
llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron los 35
cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial Plaza de las
Américas, en Boca del Río.
También
fue “desaparecida” la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las
actividades en el estado de la organización delictiva que se conoció como La
Compañía durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en
diciembre de 2010.
EL
NINGUNEO
A esa
hostilidad también contribuyó el vacío informativo gubernamental que padecía
Regina Martínez desde la administración anterior a Duarte. Un humillante
ninguneo desde el poder, contrastante con los cuantiosos recursos que movilizó
el gobierno el 29 de abril pasado para la reunión con Proceso.
“No les
creemos y así se los hicimos saber”, expresó la revista en un comunicado
después del encuentro. La PGJ dio una conferencia de prensa para informar de la
reunión y anunciar la incorporación de la revista a la “comisión especial”.
En
realidad, no es una instancia en la que se tomen decisiones conjuntas. Sólo es
lo que en derecho corresponde a cualquier parte afectada en un delito,
participar como coadyuvante en las investigaciones para evitar desviaciones en
las indagatorias.
La CNDH
tampoco les cree. Abrió de oficio una queja para hacer su propia indagatoria,
al margen de la invitación que le había hecho el gobernador de sumarse al
trabajo que dirige la PGJ. No es tampoco parte de ninguna “comisión especial”.
“El
propósito de la CNDH es verificar que la procuraduría del estado integre la
averiguación previa como debe ser”, explicó a Proceso el director
general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles del
organismo, Javier Sepúlveda Amed, el mismo 29 de abril. Desde ese día peritos
de la delegación de la CNDH en Xalapa y de las oficinas en la Ciudad de México
siguen las acciones de la procuraduría estatal.
La
incredulidad es lógica. De los cuatro asesinatos de periodistas que hasta ese
día habían ocurrido en el estado desde que Duarte asumió el gobierno, ninguno
ha sido aclarado. Ningún detenido, ninguna explicación pública incontrastable
de las causas de la muerte y la saña contra los reporteros, fotógrafos y
columnistas.
El año y
medio del gobierno de Duarte de Ochoa ha sido de pesadilla para los periodistas
del estado asignados a la fuente de policía. Cinco días después del asesinato
de Regina Martínez, en la conurbación del puerto de Veracruz-Boca del Río,
fueron secuestrados y asesinados dos fotógrafos de la agencia fotográfica veracruznews,
un exfotógrafo que trabajó para el periódico local AZ y TV Azteca
Veracruz y una empleada administrativa del periódico El Dictamen.
Sus
cuerpos, desmembrados, fueron arrojados en bolsas a un canal de aguas negras en
la colonia de interés social Las Vegas II, rumbo al aeropuerto internacional de
Veracruz.
La
procuraduría del estado dejó el caso en manos de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la
PGR por presumir una acción de la delincuencia organizada.
En la
Ciudad de México, el 30 de abril Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la que depende la
fiscalía, aceptó también la petición de la revista Proceso para que en el caso
del crimen de Regina Martínez la revista participe como coadyuvante en su
investigación.
La PGR
abrió una “averiguación previa alternativa, por iniciativa propia, más allá de
la petición de coadyuvancia del gobierno estatal”, dijo a Proceso Ontiveros,
quien el mismo día 30 respondió a la petición de ayuda que le hizo por escrito
el procurador estatal. Es “por la relevancia nacional” del caso, justificó el
encargado de procurar justicia en Veracruz.
En las
declaraciones ministeriales de la procuraduría estatal y en la PGR la revista
dejó constancia de las condiciones adversas en las que trabajaba Regina
Martínez: la incautación de su material de trabajo y el de otros reporteros de
la revista, la falta de acceso a la información pública gubernamental por parte
de la reportera y el robo de que había sido objeto en meses recientes, cuando
entraron a su casa y se llevaron dinero y su computadora.
Esta vez
se llevaron también su computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de
pantalla plana. Pero el asesinato de la periodista está lejos de haber sido un
robo. En su domicilio, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa,
quedaron muchos bienes: una laptop nueva, una impresora, un reproductor
de videos, grabadoras.
Estaban
sus agendas de trabajo, sus libretas de apuntes, casetes de entrevistas. La
procuraduría estatal no ha determinado si se llevaron algo que estuviera
investigando. Pero tampoco puede asentar que el crimen esté desvinculado de su
trabajo.
No se
vaciaron los cajones de los muebles. Acaso algunos estaban medio revueltos.
Sólo un cajón del buró estaba en el piso. Tampoco quedó registro de desorden
por violencia en otras partes de la casa.
El portón
de la entrada no estaba forzado, ni la chapa. No había cristales rotos. Tampoco
la puerta de acceso a la vivienda estaba violada. Pero contrario a la costumbre
de la periodista, el portón de herrería blanca llevaba varias horas abierto.
Así
estuvo desde la noche del 27 de abril, cuando la vecina de la casa de junto lo
advirtió y avisó por teléfono a la reportera. “Sí, gracias, ya voy a cerrar”,
le contestó Regina Martínez, cuyos hábitos de persona aislada y reservada eran
conocidos por los vecinos de la calle y quienes le ayudaban en las cosas
domésticas.
Al otro
día la puerta principal del domicilio seguía abierta y no se notaba movimiento
en la casa. La vecina llamó a la policía. Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública llegaron hacia las seis de la tarde al número 208 de la
privada Rodríguez Clara. Entraron y vieron el cuerpo de la periodista tirado
entre el baño y la recámara.
Llamaron
al Ministerio Público, pero también llegaron elementos del Ejército que tomaron
video del lugar y se fueron. Los agentes ministeriales y los técnicos de los
servicios periciales encontraron el cadáver entre la puerta y la tina del baño,
a un costado del inodoro.
Describieron
un cuerpo menudo, de aproximadamente un metro con 43 centímetros, delgado, de
tez morena, cabello corto, de 49 años de edad. Determinaron que murió a las
cuatro de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una “anoxia por
estrangulamiento”, es decir, falta total de oxígeno en la sangre o en los
tejidos corporales, según se asentó en el certificado de defunción.
Vestía un
pantalón de mezclilla, una blusa color naranja, un chaleco café y unas botas de
uso rudo de ese mismo color. En el cuello tenía una jerga. Al retirarla, los
peritos apreciaron moretones en el rostro, tanto en el pómulo como en el
mentón. Presentaba laceraciones dentro de la boca. En el cuello tenía rasguños
y moretones. Había rastros de sangre dentro de la taza del baño, en la pared de
la caja de agua y en la jerga que tenía en el cuello.
El lunes
30 de abril, en la reconstrucción de los hechos “que permita una explicación
plausible de las lesiones”, dos técnicos del equipo criminalista de la
procuraduría local simularon un sometimiento físico por la espalda, con un
intento de defensa, que al momento de la agresión provocaron la rotura de un
maxilar y de dos costillas.
Al día
siguiente, la fiscal especial de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla Moreno,
estuvo en Xalapa para que la PGR hiciera su propia inspección ocular y
levantamiento de indicios. Peritos de la procuraduría general tomaron muestras
de sangre y de las huellas encontradas en las paredes del baño y en envases de
cerveza. Uno había quedado en un mueble de la recámara, cerca del baño.
Aseguraron instrumentos de trabajo de la periodista para analizar su trabajo y
sus posibles consecuencias.
Tanto en
la Averiguación Previa 034/FEADLE/2012 de la PGR como en la Averiguación Previa
19/2012/PC de la PGJ del estado, derivada de la investigación ministerial
363/2012/2ª/XAL-04, Proceso pidió revisar y analizar la cobertura periodística
de Regina Martínez y de la revista en el caso de Veracruz y las posibles
afectaciones a intereses específicos de grupo o de individuos.
Una
segunda autopsia aún es posible, lo mismo que la valoración de la necrocirugía
realizada por la procuraduría estatal.
UNA
PERIODISTA RIGUROSA
De
acuerdo con el protocolo internacional de investigación de agresiones a
periodistas, facilitado a la revista por el capítulo México de la organización
no gubernamental internacional Artículo 19, ambas procuradurías deberán agotar
también los vínculos o similitudes entre el modus operandi en la
agresión a la periodista y de hechos noticiosos reportados o investigados por
ella.
Lo que
ella investigaba y reportaba se publicaba tanto en la revista como en la agencia
de noticias de Proceso, Apro, cuyos textos son distribuidos en Veracruz
por el diario Notiver. Sus notas se publicaban con su nombre en ese
periódico, donde trabajaban varios de los periodistas asesinados en el estado.
Eran las únicas notas sobre seguridad que el diario publicaba con la firma de
quien las escribía.
La
procuraduría estatal tiene conocimiento de las dos últimas publicaciones de
Regina Martínez y de Proceso relacionadas con Veracruz. El viernes 27 de
abril, a las 19:01 horas, la agencia Apro recibió la última nota
informativa de la periodista: el asesinato, un día antes, del coordinador
general del Frente Amplio Social, Rogelio Martínez Cruz, en el puerto de
Veracruz.
“Sin
conocer aún el resultado, las autoridades se aventuraron a dar un primer
reporte en el sentido de que Martínez Cruz ‘falleció por causas naturales’… De
acuerdo con fuentes policiacas, el cuerpo del exlíder perredista, de 47 años de
edad, fue hallado alrededor de las 10 de la mañana del jueves 26, cuando varios
vecinos de la colonia Puente Roto acudieron a su domicilio a visitarlo y se
percataron de que la puerta de la vivienda estaba abierta. Al entrar lo vieron
muerto, aparentemente por asfixia.
“Según
los testigos, al entrar a la casa encontraron el cuerpo del exdirigente
municipal del PRD ‘tirado en el suelo y ya sin vida’, por lo que de inmediato
dieron parte a las autoridades correspondientes”, reportó la periodista.
En la
procuraduría estatal también hay constancia ministerial de la última nota sobre
Veracruz publicada por la revista Proceso. Firmada por el reportero Jenaro
Villamil, no por Regina Martínez, la información se refirió a las candidaturas
a diputados federales para las elecciones del 1 de julio del exprocurador
Reynaldo Escobar Pérez y del responsable de la seguridad pública en el estado
durante el gobierno de Miguel Alemán, José Alejandro Montano Guzmán.
Regina
Martínez también tenía encomendado un trabajo periodístico sobre la supuesta
participación del alcalde panista de Chinameca en la delincuencia organizada.
Martín Padua Zúñiga había sido detenido por el Ejército la madrugada del 18 de
abril.
Quedó
constancia también de que la reportera fue despedida del diario local Política
luego de su cobertura de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio,
en la sierra de Zongolica, en febrero de 2007.
Junto con
el reportero Rodrigo Vera, la periodista echó abajo la versión oficial dada a
conocer por el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, de que la
anciana murió por “gastritis aguda” y no a causa de una violación por parte de
soldados en el marco de los operativos militares ordenados por el presidente de
la República contra el narcotráfico.
La
publicación de una foto de la autopsia en la que se distingue una mancha de
sangre en la cabeza de la mujer y en la que se determinó que las causas de la
muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras y
anemia aguda, derivó en una denuncia penal por parte del gobierno de Fidel
Herrera contra los periodistas, de la que finalmente se desistió.
–Proceso
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