Zedillo y su inmunidad
(Tomado de sin embargo)
Por: Sanjuana Martínez
09/01/2012
El ritual consistió en abrir el vientre a las siete
embarazadas. Los paramilitares de “Máscara Roja” las mataron a todas a
machetazos, luego exhibían a los no nacidos como trofeos de caza. También
asesinaron a 15 niños, a otras 14 mujeres y 9 hombres; los 45, eran indígenas
tzotziles. Sucedió hace catorce años y ningún mexicano debería olvidar el
nombre de estos hechos ominosos: matanza de Acteal, crimen de
lesa humanidad.
No todos los autores materiales de esta masacre fueron
detenidos y sentenciados; algunos incluso fueron liberados. Tampoco los autores
intelectuales y sus cómplices fueron llevados ante la justicia, todos gozan de
libertad. La impunidad, la maldita impunidad, también cubre este horrendo
crimen de Estado.
Su principal responsable, a los ojos de las víctimas,
sus familiares, las organizaciones no gubernamentales que les arroparon desde
entonces y un grupo de abogados locales e internacionales, es el ex presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León.
El actual consejero del grupo mediático español Prisa,
director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de
Yale, consultor de la Organización de Naciones Unidas y consejero de la
Fundación Bill & Melinda Gates, del multimillonario Bill Gates; es nada
menos, que un hombre cuestionado por un ignominioso crimen de lesa humanidad.
Qué tan grave será su responsabilidad en la matanza de
Acteal que ha decidido defenderse reclamando su “inmunidad legal” ante la Corte
Federal en Hartford, Connecticut en Estados Unidos, donde fue acusado por este
delito, el pasado 19 de septiembre.
Pero a Zedillo le persigue su pasado. Tiene cuentas
pendientes. Cuentas que debe saldar debidamente. Seis hombres y cuatro mujeres
sobrevivientes de la matanza de Acteal, algunas viudas e hijos de las víctimas,
cuyos nombres se mantienen bajo reserva, decidieron que ha llegado la hora de
la verdad e interpusieron una denuncia ante los tribunales de Connecticut
porque radica en New Haven, donde se desempeña como profesor de la Universidad
de Yale.
Escudándose en su condición de ex presidente, Zedillo
pretende eludir nuevamente su cita con la justicia, solicitando a los
tribunales estadounidenses que desechen la demanda interpuesta por el despacho
“Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess”, con sede en Miami, Florida, que
representa a las víctimas de Acteal.
La tesis principal de la demanda es brillante, aguda y
apegada totalmente a la realidad. Sostiene que el señor Zedillo Ponce de León
conspiró antes y después de la matanza de Acteal para ocultar el papel
desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la masacre.
El ex Presidente ha invertido cantidades ingentes de
energía y recursos para intentar ocultar su estrategia gubernamental dirigida a
aplastar al movimiento zapatista surgido públicamente el 1 de enero de 1994. La
matanza de Acteal, orquestada, diseñada y dirigida desde el gobierno de Chiapas
en poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está íntimamente
ligada al llamado “Plan de Campaña Chiapas 94”, una
estrategia de contrainsurgencia que pretendía acabar con los grupos disidentes
que apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Zedillo no solamente conspiró durante su mandato para
intentar ocultar las consecuencias de la brutal represión en Chiapas convertida
en guerra de baja intensidad que costó la vida a cientos de personas inocentes;
también lo hizo después de dejar la Presidencia en el año 2000.
Para ello se rodeó de auténticos aliados, entre los
cuales destacan Héctor Aguilar Camín, autor de tres textos que supuestamente
desmontan las “mentiras” de Acteal publicados en su revista Nexos. Entre sus argumentos expresados en una
entrevista que le hice hace cuatro años, asegura que luego de revisar
minuciosamente abundante documentación sobre la matanza de Acteal, llegó a la
conclusión de que en Chenalho, Chiapas no había paramilitares.
El principal argumento del escritor Aguilar Camín es
que los grupos paramilitares como “Máscara Roja”, en realidad eran grupos auto
armados. Y de manera insólita sostiene que fueron los mismos indígenas los que
hicieron una “cooperacha” para comprar el armamento que utilizaron en la
matanza. Más aún, sostuvo de manera insistente que el proceso judicial de la
matanza de Acteal estaba lleno de irregularidades con fabricación de muchos
culpables por lo cual la mayoría de las 78 personas acusadas eran inocentes.
Zedillo y Aguilar Camín, no estuvieron solos, los
acompañó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuyo principal
argumento para defender a los inculpados de la matanza de Acteal se basó en que
todo fue un conflicto intercomunitario entre zapatistas y antizapatistas, sin
la presencia de paramilitares.
Un grupo de abogados dirigido entonces por Ricardo
Raphael logró en agosto de 2009 que la Suprema Corte de Justicia revocará 20 de
las sentencias de los 34 detenidos y ordenara la liberación de 11 encarcelados
por fallas en el debido proceso. El CIDE no inició nunca una investigación para
intentar hacer justicia a las víctimas de Acteal. Su principal cometido fue
liberar a los supuestos “inocentes”, pero lamentablemente no invirtieron
esfuerzos a favor de la detención de los verdaderos culpables.
Catorce años después, hay suficiente bibliografía,
expedientes e informes sobre la verdad de la matanza de Acteal. Los magníficos
informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. que
asumió la defensa de las víctimas son esenciales. En el documento: “Acteal ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la defensa de los paramilitares”
esta organización no gubernamental sostiene que de los 80 sentenciados y presos
por la masacre, el CIDE eligió a 12 para exponer las deficiencias del Sistema
de Justicia de manera interesada: “El CIDE equivoca su análisis y su intención
al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”,
primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas
deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la
democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo, porque a
pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que
implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las
deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales”.
Paradójicamente, la defensa del CIDE a los inculpados
que añadió más impunidad a la matanza de Acteal, ha servido para que una corte
estadounidense abra el caso. Zedillo y sus aliados pretendían cubrir con un
manto de olvido una de las peores masacres de indígenas de la reciente historia
de México, pero la exculpación de la Suprema Corte de Justicia fue clave para
que las víctimas sobrevivientes conocieran los detalles del encubrimiento y
buscaran justicia en tribunales extranjeros al cerrarse la posibilidad de la
justicia mexicana.
Las víctimas de Acteal acudieron en 2005 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para buscar justicia y reparación; un
proceso largo que aún espera resultados. Pero la Alien Tort Claims Act o ATCA,
conocida también como Ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de
Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros en Estados Unidos, que
permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en
las cortes de Estados Unidos contra quienes radican en ese país, ha dado
estupendos resultados y se ha logrado detener a diversos criminales
latinoamericanos. El Center for Constitutional Rights ha asumido varios casos
de manera exitosa.
A pesar de protegerse de manera vergonzosa con el
estatus de ex presidente, no le será fácil a Ernesto Zedillo mejorar su imagen
después de esto. Desde que dejó la Presidencia, ha sabido venderse como
estadista, envuelto en la bandera de héroe democrático por la “histórica
hazaña” de “permitir” el triunfo del Partido Acción Nacional. Sin embargo, su verdadero historial deja mucho que
desear ante la comunidad internacional a pesar de que la mayoría del
establishment prefiera cerrar los ojos frente a la abyección de su presunto
delito.
Zedillo pretendía trascender. Quizá por eso forma
parte del consejo ejecutivo de importantes empresas como Prisa, Procter and
Gamble, Alcoa y Unión Pacific. Curiosamente, esta última es concesionaria de la
compañía Ferromex (anteriormente llamados Ferrocarriles Nacionales de México)
privatizados durante su mandato. No es ético ni moral servirse del poder para
su beneficio. Tampoco ser señalado en una matanza como la de Acteal, un caso
que ofende a toda la humanidad.
Tal vez, sus cómplices, aliados, amigos y compañeros
de su prospera carrera de estadista mundial, deberían conocer la Comunidad de
la Sociedad Civil de las Abejas en Acteal, su extraordinaria fortaleza,
dignidad y lucha por la justicia. Tal vez, deberían conocer y no olvidar el
testimonio de la indígena Micaela, recogido por Rosalía Aída Hernández Castillo
autora del libro “La Otra palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y
después de Acteal” que narra la forma en que actuaron los paramilitares
financiados, estimulados y orquestados por el Estado bajo el mandato de Ernesto
Zedillo Ponce de León:
“Desvistieron a las mujeres
muertas, les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y
a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos,
los aventaban de machete en machete”.
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