Anotaciones sobre el mecanismo de (des)protección a periodistas
Darío Ramírez
julio 18 de 2013
NOTA: Mientras escribía esta columna me llegó
la información de que Alberto López Bello, reportero del diario El Imparcial,
había sido asesinado en la ciudad de Oaxaca. El asesinato de Alberto López se
da a pocos meses de la amenaza de muerte que recibieran otros dos periodistas
del estado (Pedro Matías y Giovanni Vásquez). Del 2009 a la fecha se han
registrado 52 agresiones contra la prensa en el estado de Oaxaca, siendo el
principal agresor funcionarios públicos. Cinco de estas agresiones corresponden
a periodistas que han sido asesinados por posible relación con su labor
periodística.
Desde la publicación el 26 de junio de 2012 de
la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos al
término del primer semestre de 2013, Artículo 19 ha documentado 258 agresiones
contra periodistas, de las cuales 40% han sido cometidas por funcionarios
públicos. En el mismo lapso de tiempo cuatro periodistas han sido asesinados y
tres más se encuentran desaparecidos, y nueve medios han sido atacados con
explosivos y/o armas de fuego. A través de la citada Ley se instaló el 13 de
noviembre 2012 el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de
Derechos Humanos.
El 19 de abril se recibió una amenaza en las
oficinas de Artículo 19. Por tal motivo se solicitaron medidas de protección al
Mecanismo de Protección. El 10 de julio la Junta de Gobierno del Mecanismo me
citó para, según esto, informar lo que la evaluación de riesgo elaborada por el
gobierno federal había arrojado. Tristemente dos meses y medio después de la
amenaza recibiríamos esa información. Obviamente la situación en ese lapso de
tiempo ha cambiado en muchos aspectos.
Siempre
he reconocido públicamente la voluntad de trabajo del Dr. Juan Carlos
Gutiérrez, Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Subsecretaria Lía
Limón, sin embargo, la voluntad en momentos de emergencia no es suficiente. El
errático accionar del Mecanismo ha provocado que diste mucho del fin para lo
que se diseñó y creó.
En
el oficio UPDDH/911/3068/2013, el Coordinador Ejecutivo señala: “… el Mecanismo
se encuentra en su etapa de inicio y uno de los compromisos de este Gobierno es
fortalecerlo. Estamos conscientes de que existen varios retos en la materia…”.
¿Cómo explicamos a todos los periodistas asesinados, desaparecidos o agredidos
que la falta de protección se debe a que el mecanismo está en etapa de inicio?
Me parece un pobre argumento afirmar públicamente que están aprendiendo, como
si en esa frase estuviesen buscando algún tipo de trato benevolente.
Llegamos puntuales a la cita en la Secretaría
de Gobernación. En nuestra primera intervención hicimos un señalamiento claro
sobre todos los artículos del Reglamento de la Ley de Protección (Artículos 83
y 89) que se habían violado a lo largo de la revisión del caso de Artículo 19.
Nuestro argumento tenía como fin señalar claramente que era la autoridad la que
no estaba cumpliendo con los tiempos que marcaba la ley, hecho en sí mismo
preocupante.
Cuando
dio inicio la sesión nos dimos cuenta de que no contábamos con el documento
“Evaluación de Riesgo” que sería analizado en la reunión. Estupefactos ante la
falta de lógica de los convocantes, pregunté cómo podían esperar que tuviéramos
una discusión informada sobre tan importante documento sin conocer el
documento. La respuesta del Coordinador fue que “no era práctica de la Junta de
Gobierno entregar las evaluaciones de riesgo a los peticionarios antes de la
reunión”. Un argumento nada convincente. La idea era que los peticionarios
recibiéramos un resumen del contenido de la evaluación de riesgo.
En resumen, estábamos ahí para revisar un
documento que nos informaba cuál es nuestro riesgo como defensores de
periodistas y defensores de derechos humanos, pero ese mismo documento era
inalcanzable para nosotros (los peticionarios). La sinrazón privó en la reunión
y jamás conocimos el documento. En aras de no formar parte de una simulación,
Artículo 19 se vio obligado a retirarse de una de las reuniones más importantes
relacionada a la integridad física del personal de la organización
internacional.
El
16 de julio, la Secretaría de Gobernación nos notifica la resolución de la
Junta de Gobierno, y a través de oficio CEN/272/2013, sin motivación ni
fundamentación de los ocho puntos resolutivos, confirma que el riesgo de
Artículo 19 –organización que litiga casos de periodistas asesinados y
agredidos, documenta casos de agresión, viaja continuamente a lugares de alto
riesgo, entre otras muchas actividades– es de índole baja.
Al terminar de leer el oficio esperaba con
ansias analizar el documento “Evaluación de Riesgo de Artículo 19”. Las razones
eran obvias: primero porque es nuestro derecho, segundo porque el documento
técnico nos daría acceso a conocer cómo la Secretaría de Gobernación está
elaborando tan importantes documentos para todos los casos que les llegan. Con
sorpresa me di cuenta que no había ningún documento anexo. No encuentro otra
razón para actuar con secrecía más allá de temor al escrutinio público del
trabajo.
Es
lamentable la simulación del Mecanismo de Protección para Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas, por los siguientes motivos: a) su continua y
preocupante falta de observancia de la ley y el reglamento; b) la
burocratización de los procedimientos y de la comunicación por falta de
interlocutores dentro del gobierno que tengan conocimiento sobre aspectos de
protección y prevención de agresiones a la prensa –la ignorancia y falta de
capacitación no los exime de su responsabilidad–; c) el diseño del Mecanismo
sigue teniendo serios problemas de credibilidad y desconocimiento de la
población beneficiada; d) la inefectividad para echar a andar el fideicomiso
que libere los fondos para dar protección efectiva –lamentablemente protección
sin recursos es una pobre protección–; e) a pesar que el Mecanismo se intenta
enmarcar dentro del ámbito nacional, su capacidad de influencia y operatividad
en los estados y municipios es sumamente limitada. Si tomamos en cuenta que el
90% de las agresiones se dan en esos niveles, la conclusión obvia es que el
mecanismo tiene serias limitaciones para su efectividad.
El Mecanismo de Protección debe de ser una
herramienta básica para la protección de periodistas y defensores. A un año de
la Ley, las cifras de agresiones contra la prensa siguen subiendo. Lo cual nos
lleva a una obligada conclusión: el Mecanismo no está cumpliendo con su labor.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la evaluación de
riesgo tiene por objeto que el Estado conozca el grado en que los obstáculos a
las actividades de las personas bajo protección pueden afectar la vida e
integridad personal de las mismas, por lo que debe ser entendida como el medio
por el cual el Estado estudiará la mejor manera bajo la cual cumplirá con su
obligación de protección, para ello el Estado debe garantizar que en el proceso
de evaluación de riesgo exista una adecuada comunicación y participación activa
con la solicitante.
Al vivir en persona las serias deficiencias en
el procedimiento y en el contenido de su trabajo, no me queda más que apelar a
una revisión profunda de cómo se están haciendo las cosas e identificar y
enmendar las deficiencias de manera inmediata. Estamos hablando de protección
de vidas humanas, no de procesos burocráticos.
El establecimiento de un mecanismo es en sí
mismo un fracaso del Estado mexicano. Es decir, el mecanismo intenta aminorar
las fallas de la procuración de justicia y la obligación de proteger,
garantizar los derechos humanos. La realidad es que la violencia en el 2013 ha
crecido más del doble y el Mecanismo de Protección hasta ahora no es más que un
tibio intento de atender la deteriorada situación.
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